Comisión Interamericana de Derechos Humanos insta al desarrollo de fuertes Órganos de Control del Derecho a la Información

Traducido de freedominfo.org

Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha hecho un llamamiento a los gobiernos para construir órganos de control "robustos", con poder y recursos suficientes para garantizar el acceso a la información.

Las recomendaciones se presentan en un informe detallado titulado "El derecho al acceso a la información pública en las Américas: entidades especializadas para la supervisión y cumplimiento" (disponible en inglés y español), aprobado recientemente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El informe de 23 páginas, que cuenta con muchas notas al pie, analiza el diseño institucional de los organismos encargados de aplicar y hacer cumplir las leyes de acceso a la información pública en diez países del hemisferio. Los hallazgos indican "diversos grados de independencia y autonomía de cada uno de estos organismos, los mecanismos de designación de sus autoridades, sus atributos o funciones dirigidas a garantizar el acceso a la información, el acceso a sus mecanismos y la eficiencia en la resolución de conflictos."

El estudio describe los regímenes de supervisión en Brasil, Canadá, Chile, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Honduras, Jamaica, México y Uruguay.

Se observa que los órganos de control "no son uniformes en sus diseños y características, y no todos cumplen con los estándares Interamericanos de independencia, autonomía y poder para resolver disputas. Varios países han creado órganos especializados con autonomía e independencia para implementar el derecho a la información. En otros casos, los comisionados han sido nombrados, o se ha creado unidades especializadas ubicadas dentro de los organismos preexistentes (Ministerio Público, Contraloría, Archivo Nacional o Parlamento). Un tercer grupo de estados han optado por establecer autoridades o comités de expertos sobre el derecho a la información, pero bajo la tutela del poder ejecutivo u otro organismo controlado por él".

El informe señala que Chile, Canadá, Honduras y El Salvador "han establecido organismos con diversos grados de autonomía e independencia en relación con los factores que pueden determinar la independencia real (o percibida) de estas oficinas."

Sólo algunas de las entidades estudiadas tienen la facultad de emitir resoluciones vinculantes de los casos.

La Oficina del Relator Especial ya ha hecho hincapié en el pasado sobre la importancia de la creación de un órgano administrativo especializado para supervisar la aplicación de las leyes de acceso, como también lo hace la Ley Modelo Interamericana de Acceso a la Información Pública y su Guía de Implementación.

Veintidós países de las Américas han aprobado leyes de acceso a la información pública y, en diferentes grados, o bien han creado entidades para desarrollar y hacer cumplir este derecho, o le han dado a órganos existentes el poder de protegerla y garantizar su cumplimiento.