Órgano garante de la Ley de Acceso a la Información en Brasil podría perder poder; periodista analiza los riesgos para la transparencia

Uno de los periodistas políticos brasileños que mejor conoce el tema de transparencia pública y que más actuó para la aprobación y, posteriormente, implementación de la Ley de Acceso a la Información (LAI), Fernando Rodrigues, escribió en los últimos días un artículo en el cual comenta la reforma ministerial del gobierno de Dilma Rousseff. En el texto, Rodrigues muestra su preocupación con relación a un eventual retroceso en términos de transparencia en el Brasil, con la posible pérdida de estatus ministerial de la Contraloría General de la Unión (CGU), órgano responsable por implementar la LAI en el Gobierno Federal. Arrinconada por las crisis política y económica, la presidenta Dilma Rousseff prometió reducir el número de ministerios para dar señales de reducción del gasto público, y la CGU puede ser víctima de ese proceso.

Lea abajo las partes en las que el periodista menciona los riesgos para la implementación de la Ley de Acceso en caso las atribuciones de la CGU sean realmente disminuidas.

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Sin el nivel de ministerio, existe el temor de que la CGU también quede debilitada para aplicar la Ley de Acceso a la Información. Hoy la CGU es quien decide sobre las apelaciones presentadas frente a las decisiones de los órganos públicos que sean contrarias a pedidos de acceso a información producida y retenida por el gobierno.

Cuando cualquier ministerio se niega a entregar determinados datos o establece un plazo para que algún contenido sea mantenido como confidencial, es la CGU que analiza las apelaciones. Si la contraloría deja de ser un ministerio, podría enfrentar dificultades para obligar a otros sectores a divulgar información solicitada.

Desde mayo del 2012, cuando la Ley de Acceso entró en vigor, la Contraloría General de la Unión (CGU) registró una media mensual de 7,5 miles de pedidos solicitados. 98.24% de los requerimientos fueron respondidos en un tiempo medio de 14 días.

Con los cambios que pueden ser adoptados en esta semana, las apelaciones ante la no entrega de datos por parte del gobierno corren riesgo de caer en un limbo jurídico. La ley establece un plazo de 20 días, prorrogables por 10 días más, para que las solicitudes sean atendidas. Si el órgano al cual fue solicitada la información no brinda el dato de manera definitiva en ese plazo, la instancia de apelación es la CGU.

Si perdiese su estatus actual, la CGU quedará jerárquicamente inferior a todos los otros ministerios y no tendrá como juzgar a un órgano estatal que está por encima de ella en el organigrama federal. Todo podría resolverse con la designación de algún otro ministerio como instancia de apelación en los casos concernientes a la Ley de Acceso a la Información, pero habrá una dificultad operativa en esa transición para que la norma sea cumplida de manera fluida.

Desde que la ley entró en vigor, en el año 2012, a la fecha, la CGU ha recibido 3 529 apelaciones por causa de negación de otros órganos del Poder Ejecutivo.

(Traducción libre del Portugués)

Siga este enlace para leer la versión completa del texto de Fernando Rodrigues:

http://fernandorodrigues.blogosfera.uol.com.br/2015/09/28/para-reduzir-m...